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Boletín de prensa 21 de septiembre de 2011
CORTES CELEBRAN 20 AÑOS DE CARTA MAGNA
Con un encuetro académico, entre el 10 y el 12 de octubre se celebrarán los 20 años.
Temas como el rol de las cortes en países en conflicto y la tensión entre tribunales y poderes del Estado encabezan la agenda que del 10 al 12 de octubre manejarán en Bogotá expertos de varios países, en el marco de la celebración de los 20 años de la Constitución de 1991.
Así lo anunció el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Juan Carlos Henao, quien aseguró que se trata de un "encuentro académico excepcional" al que asistirán 16 invitados internacionales.
La celebración se realizará durante el VII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, cuyo evento central será Diálogos con el Mundo, en el que expertos hablarán sobre las relaciones de las cortes con los demás poderes del Estado, entre otros temas.
Frente a más de 6.000 personas inscritas, y que podrán acceder a través de videoconferencias, el magistrado Henao, el presidente Santos y el ex presidente César Gaviria realizarán la apertura de esta jornada.
Entre otros, asistirán el ex presidente de la CIDH Sergio García y Pablo de Greiff, director del Centro Internacional para la Justicia Transicional.
A SANCIÓN PRESIDENCIAL PASÓ PROYECTO CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
II Encuentro Internacional de Mujeres Afro, donde se tocan temas como la discriminación.
La plenaria del Senado aprobó el informe de conciliación de esta iniciativa.
La plenaria del Senado aprobó este lunes el informe de conciliación del proyecto de ley que busca penalizar con cárcel los actos de discriminación, por lo que la iniciativa pasa ahora a sanción presidencial.
El proyecto pretende castigar cualquier acto de discriminación en Colombia por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual.
El autor de la iniciativa, el senador del Mira Carlos Baena, celebró la aprobación del proyecto y destacó que ahora "no habrá racismo, ni discriminación, ni hostigamiento y tampoco segregación en nuestro territorio".
Se espera que en los próximos días la Casa Nariño le dé vía libre a esta iniciativa y la sancione.
PRESUPUESTO ANUAL DE LA JUSTICIA TENDRÍA RANGO CONSTITUCIONAL
'La U' se comprometió con Consejo de Estado a fijar en la Carta el porcentaje destinado a la rama.
Al término de una reunión entre el partido de 'la U' y el presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, se acordó que con la reforma de la justicia se eleve a rango constitucional el porcentaje anual que se le deberá destinar al funcionamiento de la rama.
Aunque aún no se ha fijado cuál será ese porcentaje anual que ahora tendría rango constitucional, vale la pena recordar que el Consejo de Estado solicitó ante el Congreso un cinco por ciento del presupuesto anual de la nación para el funcionamiento de la rama judicial.
"El partido de 'la U' va a coger como bandera que en la Constitución exista un porcentaje del presupuesto que irá solo para el poder judicial. Lo importante es que se eleve a rango constitucional el porcentaje del presupuesto que iría al poder judicial, para darle autonomía total", precisó Benedetti.
El congresista agregó que los ponentes de 'la U' de la reforma de la justicia trabajarán en este sentido, sobre lo cual se conoció que se espera que la próxima semana el texto de la misma esté listo para discutirla en la Comisión Primera del Senado.
GOBIERNO NO HA DESCONOCIDO A AUTORIDADES INDÍGENAS: VICEMINISTRO
Aurelio Iragorri respondió a las críticas que expresaron algunos líderes de la etnia wayuú.
El viceministro del Interior, Aurelio Iragorri, expresó que el Gobierno no ha les ha incumplido a las comunidades indígenas de La Guajira.
Su declaración se produjo después de que el pasado fin de semana algunos integrantes de la comunidad wayuú acusaron al Gobierno de no acelerar el proceso para integrar una mesa de concertación nacional para tratar los temas de interés de esa etnia.
Iragorri le dijo a ELTIEMPO.COM que la comunidad wayuú tiene cerca de 4.000 autoridades que deben ponerse de acuerdo para escoger quiénes serán sus voceros para poder iniciar un proceso de interlocución con el Gobierno.
“Incumplimiento no hay. El Gobierno quiere y va a lograr una mesa de concertación con las autoridades indígenas. Sobre ellos recae la decisión de escoger a los voceros, ese es un proceso que nosotros respetamos”, dijo el Viceministro.
La mesa de concertación nacional busca mejorar las condiciones de vida de los wayuú, uno de los 102 pueblos indígenas que tiene Colombia, según datos de la Onic (Organización Indígena Nacional de Colombia).
Entre los temas que se discutirán en esa mesa está el mejorar la alimentación de estas comunidades, protegerlos de factores de violencia y resolver algunos problemas de asignación de tierras.
Los wayuú habitan en la parte alta, media y baja del departamento de La Guajira y también tienen presencia en Venezuela. La gran mayoría de sus integrantes no vive en lugares estables, pues buscan todo el año mejores pastos para su ganado.
El viceministro Iragorri aseguró que el Gobierno buscará las conclusiones del último congreso indígena, que se celebró el fin de semana pasado, luego citará a los representantes de los wayuú para que asistan a una reunión esta semana en Bogotá y, finalmente, expedirá el decreto para crear la mesa de concertación.
Algunos indígenas expresaron que el Gobierno ha dilatado este proceso de concertación, expresión que no comparte el Ministerio del Interior.
'IMPUNIDAD EN DELITOS SEXUALES ES TOTAL': AMNISTÍA INTERNACIONAL (AI)
La ONG presenta este miércoles su más reciente informe sobre violencia sexual en Colombia.
Han pasado más de cuatro años desde que paramilitares violaron al hijo de Carolina y luego abusaron sexualmente de ella por haber denunciado ante las autoridades.
No solo quedó embarazada tras el abuso, sino que los jefes 'paras' ordenaron a sus hombres que le dieran una paliza para que erdiera el bebé. Su caso aún está en manos de la Fiscalía y no han llamado a testificar.
Esta mujer, oriunda de Caldas, tuvo que se trasladada a Bogotá porque nunca cesaron las amenazas en su contra.
Ella se pudo haber llamado María, Isabel, Tatiana, cualquiera de las decenas de testimonios de mujeres violadas que recogió la ONG Amnistía Internacional en su último informe para Colombia, que presentan este miércoles en Bogotá.
En el documento, Amnistía hace 80 recomendaciones al gobierno para que las violaciones sexuales dentro del conflicto sean castigadas por la justicia.
"La impunidad es total. No hemos encontrado ni en Justicia y Paz ni en la Fiscalía una sola condena por violencia sexual en relación al conflicto armado - asegura Susan Lee, directora para América Latina de la ONG - desde el informe que hicimos sobre el tema en el 2004 la realidad de estas mujeres colombianas no ha cambiado. Parecer ser el último tabú por resolver".
El documento destaca que, de los 57 mil crímenes confesados en Justicia y Paz, solo 86 son violaciones y no hay una sola condena al respecto. Sin embargo, en cinco años, esta unidad de la Fiscalía han documentado 721 casos de violencia sexual por parte de los 'ex paras' en todo el país.
Para Lee, se han dado pasos importantes por parte del Estado, entre ellos, el reconocimiento del problema dentro de las filas de las Fuerzas Armadas.
Entre las deficiencias a la protección de las mujeres y niñas que han sido violadas, la ONG afirma que no hay cifras globales y unificadas sobre estos delitos.
"Si no conocemos la dimensión del problema va a ser muy difícil generar políticas efectivas para ponerle fin a este flagelo y a la impunidad que lo rodea", dijo Marcelo Pollack, investigador de Amnistía para Colombia.
EL ESPECTADOR
VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA JUSTICIA
Las cifras sobre abusos sexuales en medio del conflicto son poco fiables. Falta investigación.
El caso de un teniente del Ejército que, presuntamente violó a dos niñas en Tame (Arauca) y posiblemente fue el responsable del asesinato de una de ellas y de sus dos hermanos, es uno de los tantos casos de violencia sexual en medio del conflicto colombiano. Y casos como este son muchos en el país.
Amnistía Internacional publicó un informe en el que analizó el problema. Entre las conclusiones hay una fuerte crítica al Estado por la falta de resultados en las investigaciones. “No han abordado efectivamente la falta de justicia para las mujeres y niñas sobrevivientes de este crimen. Pese al compromiso del presidente Santos, no vemos mejoras en cuanto a llevar ante la justicia a los victimarios”, dice el informe.
Según el estudio, las estadísticas muestran cifras muy bajas frente a la realidad, ya que la gran mayoría de víctimas no denuncian por razones concretas: la impunidad, el miedo y la discriminación de género. Y cuando “la mujer reúne el coraje para denunciar, rara vez se investiga efectivamente”.
Por eso, las organizaciones de derechos humanos están convencidas de que en el país este problema es inmenso, aunque no se refleje en las cifras. “Resulta imposible calcular la verdadera escala, no existen datos precisos, ya que no se denuncian todos los casos y no existe una base de datos completa para registrar estos crímenes”.
Hasta el momento, la estadística más fiable sobre violencia sexual contra mujeres y niñas es la de Medicina Legal, relacionada con el número de exámenes a las víctimas que sí denunciaron. En 2009 se practicaron 20.142 exámenes, de los cuales 18.600 fueron a mujeres y 1.542 a hombres. Según el instituto forense, 131 (0,6%) exámenes fueron por abuso sexual cometido por algún grupo participante en el conflicto.
A estas cifras se podrían sumar las 183 investigaciones que ordenó la Corte Constitucional a la Fiscalía desde el 2008. De estos 183 casos, los guerrilleros serían responsables de cometer 15 (8,5%); la Fuerza Pública, 36 (19,4%); los paramilitares, 84 (45,8%); grupos ilegales sin identificar, 8 (4,5%); delincuentes comunes 7 (4%); un familiar, 3 (1,5%), y sin identificar, 30 (16,4%).
A pesar de estos datos, se estima que los casos en el país son muchos más, ya que el 70% de las mujeres víctimas de violencia física en el país y el 81,7% de agresión sexual no acudieron a ninguna institución a denunciar la agresión, dice la Defensoría del Pueblo. De igual forma, el 82,1% de mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado tampoco denunciaron, según datos de la primera Encuesta de Prevalencia de Violencia Sexual OXFAM.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe de 2010 sobre Colombia, indicó que recibió mucha información sobre casos de violencia sexual cometidos por las Farc y grupos ilegales surgidos después de la desmovilización de las Auc. Ya en el informe de 2011 hizo referencia a casos atribuidos a miembros de la Fuerza Pública en Arauca, Caldas, Cauca, Chocó, Meta y Vichada. “La violencia sexual contra niñas es grave, ya que ellas son abusadas debido a los estereotipos de género que atribuyen gran valor a la virginidad”, agregó.
“En Colombia, las mujeres y niñas son a menudo tratadas como trofeos de guerra. Todos los actores del conflicto las violan y las someten a abusos sexuales para silenciarlas y castigarlas”, declaró Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
“Las fuerzas de seguridad colombianas, los paramilitares y los grupos guerrilleros han atacado a mujeres y niñas para explotarlas como esclavas sexuales y vengarse de sus adversarios. La violencia sexual siembra el terror en las comunidades y obliga a familias enteras a huir de sus hogares, permitiendo la apropiación de tierras”, dice el informe.
Pocas investigaciones
Sobre violencia sexual en el conflicto, “muy pocos casos se están investigando”, dice el estudio. En 2008 la Corte Constitucional ordenó a la Fiscalía investigar 183 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto. A éstos se suman 68 que adelanta por su cuenta el ente acusador, para un total de 251. A la fecha sólo hay cinco resueltos.
Según Amnistía Internacional, la Fiscalía ha reconocido varios obstáculos en las investigaciones: la falta de denuncia y el no haber identificado a muchas víctimas; la falta de pruebas por no haber localizado a los testigos; el tiempo que ha transcurrido entre la comisión del crimen y el comienzo de las investigaciones, y las dificultades para acceder a muchas de las zonas donde se cometieron los crímenes. “Aunque algunos de los factores citados podrían ser válidos, en el mejor de los casos son una explicación parcial y no tienen en cuenta las barreras para la justicia más fundamentales”, dice Amnistía Internacional
Según el informe, en Colombia no hay voluntad política para combatir la impunidad, las medidas de protección son ineficaces para testigos y sobrevivientes. “Las autoridades colombianas deben aplicar un plan de acción para poner fin a la violencia sexual, que incluya medidas para combatir la discriminación de mujeres y niñas, y acabar con la impunidad que hace que los responsables no comparezcan ante la justicia”, concluyó Lee
PENALIZACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN EN COLOMBIA, A SANCIÓN PRESIDENCIAL
Plenaria del Senado dio vía libre al proyecto que pretende acabar con este tipo de actos.
En su último debate, la plenaria del Senado de la República aprobó el informe de conciliación del proyecto de Ley que penaliza cualquier acto de discriminación en Colombia por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual.
La plenaria acogió las modificaciones incluidas por la Cámara de Representantes y, ahora, la iniciativa pasa a sanción del Presidente de la República. El proyecto de iniciativa de la Bancada del Movimiento MIRA en el Congreso contempla sanciones penales y económicas a las personas que con sus actos discriminen a sus semejantes. “No racismo, no discriminación, no hostigamiento y no segregación en nuestro territorio. Sí convivencia con respeto”, señaló el senador Carlos Alberto Baena, autor de la iniciativa.
Según datos de la Comisión Intersectorial Afrocolombiana, el ochenta por ciento de las negritudes vive bajo la línea de la pobreza absoluta y el 75 por ciento gana menos de un salario mínimo mensual. El 10,5 por ciento de la población colombiana se autoreconoce como negra, mulata o afrodescendiente (censo de 2005).
LEY DE QUIEBRA VUELVE AL CONGRESO
La Cámara reinició este martes el proceso y fue tramitada de nuevo la iniciativa.
El Congreso de la República reinició este martes el trámite del proyecto de Ley de Quiebra o de Insolvencia.
El presidente de la Cámara, Simón Gaviria Muñoz, autor de la iniciativa, radicó de nuevo la iiciativa.
Tras la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la ley por no haber convocado a sesiones extras -cuando se tramitó la iniciativa- a su tiempo, Gaviria reinició el proceso para la aprobación del proyecto.
"Lamentamos la decisión de la Corte pues se arrebata de las manos la posibilidad a muchos colombianos con problemas económicos de una segunda oportunidad", señaló.
Para Gaviria se perdió la posibilidad de contar con un derecho económico fundamental para los colombianos.
¿Qué significa la Ley?
Con la normatividad anterior la persona cuando estaba retrasada en sus deudas le empezaban procesos judiciales o embargos; ahora, de ser aprobada la ley, la persona podrá acudir a un centro de conciliación para que le sea suspendido el cobro de intereses.
¿Qué le pasa a quienes alcanzaron a acogerse a la ley?
Las personas que se acogieron a los beneficios de la ley que se cayó se verán afectados y no podrán acogerse a los beneficios planteados.
PROPONEN QUE MINISTROS, CONGRESISTAS Y MAGISTRADOS PAGUEN SU GASOLINA
Por vía de ley buscan desmontar los subsidios que reciben para tanquear los vehículos de muchas de las personalidades del Estado.
Este martes surgió una nueva iniciativa alrededor de los subsidios que para combustible reciben las altas personalidades del Estado colombiano.
En medio del debate público que se dio por cuenta de los montos que para su combustible ‘revivió’ el presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, el senador liberal, Luis Fernando Velasco, radicó un proyecto de ley para acabar con esos subsidios en todas las ramas del poder.
El legislador explicó que su iniciativa establece que todos los ministros, viceministros, magistrados y congresistas paguen de sus sueldos la tanqueada de los automóviles en los cuales se desplazan.
“Debe ser regulada la entrega de combustible en el Estado (…) es que no entiendo cómo hay tantos vehículos oficiales, con gasolina oficial, de personas que utilizan básicamente esos vehículos para ir de su casa a la oficina y devolverse”, señaló.
Según él, hay funcionarios que no tienen responsabilidades que implique que necesiten los subsidios de la gasolina.
“He pedido que en todas las ramas los altos funcionarios paguen su propia gasolina, entre otras cosas, para que los altos funcionarios se den cuenta cuánto le vale a un colombiano tanquear un carro, a ver si de pronto comenzamos a entender que hay que hacer un gran debate sobre los precios de los combustibles”, señaló.
¿Quiénes recibirían gasolina?
Dentro de la iniciativa, Velasco tiene en cuenta que hay altas personalidades del Estado que por su dignidad deben ser merecedores de los subsidios de gasolina.
En ese sentido, las cabezas de todas las ramas del poder tendrían derecho al uso de esos montos de gasolina.
Es decir, el presidente y el vicepresidente como cabezas de la rama Ejecutiva recibirían ese subsidio. Los presidentes de las Altas Cortes recibirían la gasolina. El Fiscal, el Procurador y el Contralor también tendrían derecho a acceder a esa gasolina. Finalmente, los presidentes de Senado y Cámara también resultarían beneficiados.
Igualmente, los órganos operativos del Estado recibirían ese beneficio. Se trata de los autos de las Fuerzas Militares y ambulancias, por ejemplo.
ASEGURAN APOYO DE LA CÁMARA A DEFENSA TÉCNICA MILITAR
El presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, se comprometió con el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón a respaldar la iniciativa en el legislativo.
Al término de una reunión entre el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, con el presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, señaló que la bancada del Partido Liberal apoyará proyecto de Defensa Técnica Militar al considerar que es vital para levantar la moral de las tropas.
"Este proyecto es indispensable, ya que la tropa se desanima por los altos costos que tienen que incurrir para su defensa, ese costo lo debe asumir el Estado. Ese proyecto debe ser mejorado no simplemente que se financie con donaciones privadas sino con recursos de la Nación", dijo Gaviria.
Señaló que existe un compromiso de la Cámara de Representantes y el Partido Liberal de apoyar esta iniciativa y agilizar el trámite. "Es fundamental ayudarle a las tropas en ese sentido, vemos que las donaciones del sector privado no alcanzan y por eso queremos ayudarle al Gobierno con un trámite expedito (...) Mañana tenemos una reunión en la comisión segunda con el ministro", dijo.
La justificación del proyecto es garantizar el derecho a la defensa y debido proceso de los miembros de la Fuerza Pública. Se trata de una iniciativa encaminada a que los uniformados que sean sometidos a procesos penales puedan contar con un equipo de abogados de alto nivel.
EL TAMAÑO DE LA INSTITUCIONALIDAD
Por: Cecilia Orozco Tascón
En días pasados poderosos ciudadanos respaldaron un aviso de $80 millones cuyo objeto no era otro que interferir la acción de la justicia.
Es un hecho que aquí la costumbre de las clases altas de insultar o desacatar a los jueces, cuando no deciden lo que sirve a sus intereses particulares, cundió a partir del mal ejemplo presidencial. Sin embargo, la página entera del domingo 11 de este mes en El Tiempo no pasó como otro intento de reducir la independencia judicial, dados el tamaño del título-orden: “¿Por qué el coronel (r) Plazas Vega aún no está libre?”, la foto del mencionado-prócer y el texto-arenga que iniciaba con la frase efectista “no hay colombiano medianamente informado que no se haga la misma pregunta (del título)”.
No sé si soy un raro espécimen pero me conmoví con el desafío a la autonomía de la toga. Y como mi obligación es estar “medianamente informada”, me puse a revisar el proceso que culminó con la condena del coronel a 30 años de prisión por la desaparición de unos rehenes del Palacio de Justicia en 1985. La sucesión de incidentes no puede ser más simbólica (recordé el inquietante mensaje en televisión de rechazo al fallo por parte del presidente Uribe, rodeado de la cúpula militar en traje de fatiga), pero reduciré mis observaciones a los argumentos del aviso.
Primera afirmación: “No hay otra prueba en el expediente (que) el supuesto testimonio de un cabo… llamado Édgar Villamizar...”. Resultado de la revisión: también figuran como pruebas: 1. La transcripción de una grabación que contiene declaraciones de miembros del B-2. 2. Comunicaciones por radio del coronel dando instrucciones sobre el traslado de los liberados al Cantón Norte. 3. La declaración de un civil que unidades militares mantuvieron preso sin orden judicial en la Escuela de Caballería.
Segunda afirmación: “(Villamizar) se presentó recientemente ante el procurador —ah coincidencia— para declarar que nunca había rendido tal testimonio…” . Resultado de la revisión: cuando él habló ante fiscal contra el coronel Plazas, hace 4 años, Villamizar reconoció y saludó de mano a un antiguo amigo suyo, funcionario de la Fiscalía. Éste da fe, en el expediente, de la correcta identidad del testigo.
Tercera afirmación: “el sargento Gustavo Velásquez y el coronel Ariel Valdez declararon que el cabo Villamizar se encontraba con ellos en el Pantano de Vargas, en Granada, Meta, —ah coincidencia— cuando se produjeron los hechos del Palacio”. Resultado de la revisión: 1. Las órdenes militares de la época ubican a Villamizar en Villavicencio y desaparecen —ah coincidencia— entre el 5 y 8 de noviembre, fechas de la toma y retoma. 2. Hay orden de compulsa de copias por falso testimonio contra Velásquez y Valdez.
Un país respetuoso de la democracia no admitiría propaganda similar. Esperaría sin presionar, ni a favor ni en contra, a que los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá decidan entre la jueza y la defensa del coronel cuál tiene la razón y acataría el fallo, cualquiera que sea. Jamás se le ocurriría a un comandante de las Fuerzas Militares decir que Plazas es un “héroe nacional” hasta que no se cerrara definitivamente el proceso. Y no lo apoyarían personajes con conflicto de interés como el exvicepresidente de la República Santos, imputado por la misma fiscal de Plazas, o la exfuncionaria de la Fiscalía María Fernanda Cabal, que intentó varias veces en ese entonces que le entregaran los documentos del proceso, sin tener competencia. Tampoco se hubieran arriesgado a contrariar el Estado de derecho exministros, exembajadores, parlamentarios, presidentes de gremios, académicos, historiadores, artistas y periodistas. El reducido tamaño de la institucionalidad colombiana quedó retratado allí. Después preguntamos por qué florecen las bandas que hacen justicia por propia mano.
EXUBERANCIA TROPICAL
Por: Hernán González Rodríguez
En Colombia está de moda que cualquier congresista lidere una ley para favorecer a alguna minoría, con el fin de que los medios de comunicación se ocupen de ellos, para darse a conocer, más que como su aporte para la solución eficaz de problemas reales.
Ejemplos recientes: la reparación de las víctimas de la violencia, la restitución de tierras, los castigos desproporcionados para los violadores de menores, la discriminación de las minorías por razones raciales, creencias, sexo…
La pena máxima de prisión en Colombia figura a la fecha en 60 años. Para una persona mayor de 30 años tal pena equivale a una cadena perpetua, ¿se aconsejan penas mayores para los violadores? Ni la Procuraduría, ni la Contraloría lo recomiendan.
En la controvertida ley sobre las discriminaciones no se aborda el crucial tema del empleo. Todos sabemos que en Colombia no pocas empresas consideran viejo a un compatriota mayor de 40 años. Pero, si por acá existiera una demanda de mano de obra importante, nadie podría darse el lujo de despreciar a un mayor de 40 años, posiblemente, con valiosa experiencia. Aliviar el desempleo y el subempleo poca atención les merece a ciertos congresistas populistas.
Lo más inquietante de esta intrascendencia radica en que la coalición de la Unidad Nacional avala buena parte de esta demagogia oportunista sin preocuparse de resolver los problemas reales, sin ni siquiera presupuestar los efectos económicos de tales embelecos. Casi nadie nos superaría si el progreso de una nación se fundara en el número de leyes dictadas.
Pocos congresistas se preocupan por el caos alarmante del sector de la salud. Los sistemas electrónicos de no pocas EPS funcionan a medias o pésimamente. Están ellos plagados de errores para no sospechar que repletos de fraudes. Niegan o dilatan los servicios con cualquier pretexto. Aplazan las citas médicas y las cirugías en forma indefinida. No responden sino ante las tutelas. Les exigen a los usuarios acudir continuamente a sus centros de información para corregirles sus yerros.
Casi ningún congresista se preocupa por la pertinaz apreciación del peso colombiano y sus competencias desleales contra nuestras exportaciones, producción doméstica y empleo. O por el efecto de las exportaciones mineras y el narcotráfico en tan nefasta apreciación. O porque el gobierno de Santos maneje, le pase por sus manos un el elevado 34% del PIB por intermedio de sus tres prespuestos. Santos no debería administrar más del 25%. El gobierno estadounidense toca el 23% y se recomienda que rebaje al 19% de su PIB. Los socialismos europeos están en las que están por su paternalismo intervencionista. O porque el gobierno de Santos tan sólo haya invertido por estos días el insatisfactorio 30% de sus presupuestos.
Debo reconocer que en el tema del orden público sí son más frecuentes los debates. Pero, así y todo, no se percibe mayor apoyo para revivir la justicia penal militar, para defender a los militares de los grupos de abogados, para indagar las razones por las cuales hay más fiscales investigando a los militares que a la guerrilla, para asegurarles un salario digno…
Justo reconocer, finalmente, que el Congreso sí ha abocado con aparente responsabilidad la reforma de la Justicia. Si se equivocan en ella condenarían al país al legüleyismo, a la dictadura de los jueces y del narcotráfico, a la miseria…
EL NUEVO SIGLO
REINGENIERÍA A JUSTICIA Y PAZ
QUE la Ley de Justicia y Paz necesita un ajuste urgente no es un diagnóstico nuevo ni sorprendente. Desde hace tiempo se viene hablando de las múltiples falencias que arrastra el mecanismo judicial que se aprobó en 2005 para investigar, juzgar y condenar a los desmovilizados de los grupos paramilitares y la guerrilla acusados de incurrir en delitos graves.
Un ínfimo número de condenas en firme (no pasan de cinco), cambios sobre la marcha a los complejos tiempos procesales, maniobras dilatorias de los imputados, deficiente entrega por parte de éstos de bienes para indemnizar a las víctimas, limitación en el tiempo para acoger a nuevos sindicados, el limbo jurídico en que permanecieron varios años los 19 mil desmovilizados que no tenían acusaciones por delitos graves y, lo que es más grave, un incumplimiento mayor de los principios de verdad, justicia y reparación a las decenas de miles de afectados por el accionar de los grupos ilegales, constituyen el ‘memorial de agravios’ contra la Ley de Justicia y Paz.
El ajuste, pues, es inaplazable. De lo contrario será inviable toda esta legislación excepcional que, como se sabe, permite que las condenas no superen los ocho años de cárcel así se hayan comprobado o confesado masacres, homicidios selectivos, desplazamiento forzado, torturas, secuestros y otras graves violaciones a los derechos humanos. Esta flexibilidad en materia penal y penitenciaria se da en el marco de la llamada justicia transicional, aquella a la que se acude en casos de procesos de paz y como fórmula para atraer hacia la legalidad a las organizaciones armadas que insisten en la violencia como vía para conseguir sus objetivos.
Aunque en 2005 se creyó que esa Ley de Justicia y Paz sería la hoja de ruta definitiva para apuntalar los procesos de reinserción de combatientes ilegales, lo cierto es que la norma no consiguió tramitar de manera eficaz la desmovilización del grueso de grupos paramilitares y menos convenció a la guerrilla de abocar diálogos y negociaciones de paz definitivas que les garantizaran que sus cabecillas, mandos medios y efectivos de base no terminarían en las cárceles pagando largas condenas. Todo lo contrario, se produjo un rebrote de las autodefensas, ahora ‘bautizadas’ como bandas criminales al servicio del narcotráfico (Bacrim), en tanto que la subversión, aunque muy golpeada y disminuida, todavía constituye una grave amenaza para la población y las instituciones.
Por todo lo anterior se ha considerado desde distintos sectores políticos, sociales, judiciales, institucionales, de las propias víctimas e incluso de los partidarios de una salida negociada al conflicto, que es necesario un nuevo marco legal no sólo con el propósito de corregir las falencias de la legislación de Justicia y Paz, sino para reinsertar a las organizaciones armadas que siguen imbuidas en una confrontación que ha mutado y tiene, de un lado, cada día menos tintes ideológicos identificables y, de otro, una imbricación más profunda con el narcotráfico y otro tipo de crímenes comunes.
Hasta el momento hay dos proyectos de reforma radicados en el Congreso. Uno avalado por la coalición parlamentaria gubernamental y otro impulsado por la Fiscalía General. El primero tiene una visión más amplia y filosófica sobre el concepto de justicia transicional y los nuevos campos que debe cubrir en Colombia por la mutación del perfil de los victimarios, mientras el segundo está más referido a mecanismos típicos de procedimiento penal con el fin de acelerar las investigaciones, juicios y producción de condenas. Obviamente serán acumulados y a ese texto resultante se sumarán otras propuestas parlamentarias en camino.
Lo importante aquí es que se produzca un análisis serio, objetivo y realista del marco legal que se requiere para viabilizar procesos de desmovilización y reinserción, siempre y cuando éste conserve el difícil equilibrio entre la necesidad de acabar con la guerra y la obligación de garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas. El Congreso tiene la palabra.
PROYECTO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES A CONTROL CONSTITUCIONAL
El proyecto de ley estatutaria “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”, que busca regular el derecho a la intimidad, a la protección de datos y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, pasará hoy a examen de la Sala Plena Corte Constitucional.
La iniciativa tiene que pasar ese control antes de ser sancionada por el Presidente de la República.
El ámbito de aplicación de la iniciativa está dado por las bases de datos de las entidades públicas y privadas, con algunas exclusiones como las bases de datos de defensa y seguridad nacional, de Inteligencia y Contrainteligencia, las de información periodística y de otros contenidos editoriales.
En concepto rendido el pasado 23 de mayo, el procurador Alejandro Ordóñez le pidió a la Corte Constitucional declarar el proyecto de ley estatutaria exequible, excepto su artículo 27.
Dicha disposición aduce que el Gobierno Nacional regulará lo concerniente al tratamiento sobre datos personales que requieran de disposiciones especiales. “Porque la competencia para regular los mecanismos de protección de los derechos fundamentales, en la medida en que tenga que ver con el núcleo esencial de los mismos, goza de reserva de ley estatutaria, se solicitará a la Corte declarar inexequible este artículo”, expone el jefe del Ministerio Público.
Sin embargo, el órgano de control resalta que la iniciativa establece que siempre será necesaria la autorización previa e informada para el titular, la cual será obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior.
De otro lado, el proyecto trae una serie de excepciones respecto de la protección de datos, dentro de las cuales está el procesamiento de datos con fines de defensa y de seguridad nacional, con fines de Inteligencia y de Contrainteligencia, con fines periodísticos y de tareas editoriales, con fines financieros, crediticios, comerciales y de servicios, y con fines de censos de población y de vivienda.
“La decisión de limitar el recaudo y procesamiento de datos, así como el uso y el acceso a las bases de datos, que son necesarios para acceder a la información, es equilibrada y razonable, pues busca preservar del conocimiento público los datos que pertenecen a cada titular y, no sobra advertirlo, al hacerlo también se protege su intimidad”, expone Ordóñez Maldonado.
Según el concepto, “la excepción del procesamiento de datos con fines de Inteligencia y Contrainteligencia es razonable en la medida en que la Inteligencia y la Contrainteligencia se regulan de manera integral en otro proyecto de ley estatutaria.
(…) La excepción relativa al procesamiento de datos hecho a partir de bases de datos y archivos de regulación periodística y otros contenidos editoriales, es razonable, pues pretende proteger el derecho a la información y, de contera, la libertad de expresión”.
De igual manera, hay unas excepciones previstas para la circulación de datos sensibles, previstas en el artículo 6 del proyecto, al fundarse en el consentimiento del titular, en sus necesidades vitales, en el ejercicio de actividades legítimas de un grupo de personas organizado sin ánimo de lucro, en las exigencias propias de un proceso judicial o en tareas cuya finalidad sea histórica, estadística o científica, con las debidas garantías.
A este respecto, el Procurador pidió declararlo constitucional pero bajo el entendido de que “en el caso del ejercicio de actividades legítimas de un grupo de personas, organizado sin ánimo de lucro, como es el caso de las fundaciones, las ONG, las asociaciones, los sindicatos o cualquier otra, se debe destacar que el mero hecho de pertenecer a dicho grupo no faculta para obviar la necesidad de obtener la autorización previa de la persona titular de los datos”.
CMI
AL ROJO VIVO, EL ENFRENTAMIENTO ENTRE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y EL PROCURADOR POR EL TEMA DEL ABORTO
El enfrentamiento entre la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación sobre el tema del aborto se puso al rojo vivo.
La Procuraduría, en contra del derecho de la mujer a decidir sobre si aborta en caso de peligro de muerte, de violación o de malformación del feto, y la Corte, en defensa de esos derechos.
A la Corte llegó una tutela sobre el siguiente caso: una mujer solicitó a un hospital público la práctica de un aborto porque consideraba que estaba en grave peligro su vida, por su historia previa de eclampsia, que es una crisis epiléptica en una mujer embarazada, que ya le había originado otros abortos espontáneos. El hospital le niega el aborto sin hacer examen médico y la mujer acude a la tutela. En su trámite, un examen médico revela un posible peligro para su salud mental. Aun así, el juez niega la tutela. Ante esta situación, la mujer decide abortar por fuera del sistema de salud, en condiciones seguramente inseguras.
El tema llega entonces a la Corte Constitucional y es revisada por la sala octava.
Los magistrados Humberto Sierra Porto, Luis Ernesto Vargas y María Victoria dictan sentencia en el sentido de que se había violado el derecho fundamental de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo, en la faceta de diagnóstico, porque se había omitido hacerle exámenes médicos que verificaran si se encontraba en peligro su salud mental.
Hasta aquí, la primera parte de la trascendental historia.
POSICIÓN DE PROCURADURÍA EN CASO DE UNA MUJER EN PELIGRO DE MUERTE QUE INTERPUSO TUTELA PARA ABORTAR
Segunda parte de la historia: la Procuraduría exige el nombre de la mujer que interrumpió su embarazo, seguramente, pienso yo, para acusarla penalmente. La Corte lo mantiene en reserva, no solo para proteger, digo yo, la identidad de la mujer, sino por otras razones.
Es que nadie puede negar que en este tipo de asuntos se encuentra profundamente involucrada la dignidad de las mujeres, su intimidad, su buen nombre y su honra.
Miren lo que hizo la Procuraduría: ¡localizó al juez de origen de la tutela e identificó a la mujer!
Procedió entonces la Procuraduría a denunciar ante la fiscal general de la Nación, por la «posible comisión de los delitos de aborto, fraude a resolución judicial, abuso de autoridad, por omisión de denuncia y favorecimiento». El fundamento de la denuncia es que la mujer que interpuso la tutela abortó por fuera del sistema de salud, a pesar de que el juez de instancia le negó el amparo y de que los magistrados que firmaron la sentencia, es decir Sierra y Vargas, omitieron denunciarla y le reservaron su identidad. Esta denuncia fue remitida por la fiscal general a la Comisión de Acusación de la Cámara para investigar a los magistrados.
Hasta aquí, la segunda parte de la historia. Ahora viene la tercera parte.
LA INVESTIGACIÓN QUE SOLICITÓ LA FISCAL SOBRE LOS DOS MAGISTRADOS QUE FALLARON LA TUTELA.
Tercera parte de la historia: altos juristas conocen el pensamiento de varios magistrados sobre este choque con el Procurador.
Los siguientes son esos puntos de vista: el hecho de que el procurador denuncie penalmente a magistrados que toman decisiones judiciales que van en contra de su pensamiento moral y religioso tiene el siguiente objetivo: deslegitimarlos ante la opinión pública al presentarlos como inmorales y sin ética y así, restarles credibilidad. Lo anterior, con el razonamiento de que cualquier persona que no comparta las creencias religiosas y las posturas morales del procurador no posee ni ética ni moral.
Creen algunos magistrados que con esa denuncia la Procuraduría también busca otro efecto: generar ante la opinión pública la sensación de que existe una confrontación entre dos bandos, proaborto y antiaborto, y que los magistrados que toman decisiones judiciales contrarias al pensamiento moral y religioso del procurador general pertenecen a uno de esos dos bandos, razón por la cual sus decisiones no son imparciales y objetivas, sino parcializadas e influidas por una ideología y, por ello, no deben ser consideradas como obligatorias.
Y yo, como mujer, diría lo siguiente: amenazar con una denuncia penal a toda mujer que se atreva a interponer una acción de tutela para exigir su derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo en los eventos despenalizados por la Corte Constitucional es inaceptable.
Con ello se busca disuadir a las mujeres de acudir ante los jueces a exigir sus derechos mediante la acción de tutela.
Además es extraño, por no decir absurdo, que uno de los fundamentos de la denuncia contra los magistrados sea por haber protegido la identidad de la peticionaria, cuando en todos los casos de aborto que han sido conocidos por las salas de revisión de la Corte Constitucional se ha hecho lo mismo: proteger la identidad de la mujer.
RCN RADIO
CORTE CONSTITUCIONAL PREPARA INÉDITO ENCUENTRO DE DESTACADOS JURISTAS DEL MUNDO
La Corte Constitucional prepara el VII Encuentro de la Jurisdicción llamada “Diálogos con el Mundo”, que contará con la presencia de los más destacados magistrados, juristas y filósofos que han sentado profunda jurisprudencia profunda y que hacen el mundo jurídico en todo el planeta.
Confirmaron su asistencia en Colombia el 10, 11 y 12 de octubre el filosofo jurídico alemán Robert Alexy, Jon Elster, Vicki C. Jackson, Mark Tushnet, y el Magistrado Marc Guillaume de Francia.
El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Juan Carlos Henao, advirtió que es tan trascendental importancia el evento que ya se superaron las expectativas de inscripción con 9 mil personas.
De la misma manera estarán en Colombia en este inédito encuentro los juristas Manuel Aragón, Paolo Comanducci, Pascual Sala de España, Raúl Bertelsen Repetto de Chile, Lawrence Sager, y el Magistrado Jean-Louis Debré (Francia). Por Colombia Rodrigo Uprimny y Thembile Skweyiya de Sudáfrica.
El alto tribunal invitó a los ciudadanos interesados a inscribirse en la página de la Corte Constitucional. El certamen no tendrá ningún costo.